El Diario de la Mañana - 5 de Agosto - Flipbook - Página 3
política
Fiscalizaciones de DGI: “Una bola de fuego”
Colegio de contadores pide desarchivar el proyecto “Carta del Contribuyente”, tras una intensa oleada de
fiscalizaciones a profesionales independientes.
Por Stella
Fuenmayor
E
n los últimos meses, la Dirección
General Impositiva (DGI) intensificó su labor de fiscalización a nivel nacional, incluyendo inspecciones a
profesionales independientes, muchos de ellos
fuera del ámbito contable.
Esta serie de controles motivó al Colegio de
Contadores, Economistas
y Administradores del
Uruguay (CCEAU) solicitar al Parlamento que se
desarchive el proyecto de
ley conocido como “Carta
del Contribuyente”, una
iniciativa que busca garantizar derechos fundamentales frente a las
actuaciones de los organismos recaudadores y
promover una relación
basada en la confianza,
no en la presunción de
culpa.
El proyecto, presentado originalmente en
2023 junto al Colegio
de Abogados y aprobado por la Comisión de
Hacienda, y aprobado por
la Cámara de Diputados
quedó postergado tras el
cambio parlamentario.
La presidenta del
CCEAU, Cristina Freire,
explicó que la decisión
de reimpulsar el proyecto
surgió luego de un operativo masivo de inspecciones realizado por la
DGI que fue como “una
bola de fuego” afectando,
principalmente, a profesionales que trabajan de
manera independiente,
algunos de ellos sin la
debida asesoría contable.
“Muchos contribuyentes
no tienen claro cómo ac-
Presidenta del CCEAU, Cristina Freire.
tuar frente a una inspección: qué pueden presentar, qué puede solicitar la
DGI, qué garantías tienen”, advirtió.
Uno de los puntos
más sensibles señalados
es el levantamiento del
secreto bancario. Según
Freire, en muchos casos se “puso al contribuyente en una situación
delicada, firmando algo
que podía implicar consecuencias no totalmente
claras”. Indicó que, ante
la situación de solicitar
el levantamiento del secreto bancario, se realice
bajo el artículo 53 de la
ley 18.083.
¿Qué garantiza la Carta del
Contribuyente?
Garantiza, por ejemplo, que las auditorías no
paralicen actividades le-
gítimas. Reconoce el derecho a recibir copia de
la resolución que ordena
una inspección, a no declarar contra uno mismo,
y a que los procedimientos tengan plazos máximos definidos. También
protege la confidencialidad de las comunicaciones entre el contribuyente y sus asesores, y asegura que la información
obtenida no sea utilizada
fuera del marco legal ni
sin control judicial.
Desde el Colegio de
Contadores se recuerda
que los contribuyentes
tienen a disposición asesoramiento especializado, siempre que acudan
a profesionales habilitados. “El colegio tiene asesores (…) tiene servicio
de consulta, un grupo de
trabajo con respecto a
DGI, un montón de herramientas que pueden
ayudar”, explicó su presidenta.
Sin embargo, advirtió
que muchas de las inspecciones recientes se dirigieron a profesionales
que no son contadores,
lo que limita la capacidad
de respuesta y asesoramiento. “Evidentemente,
el profesional que fue
inspeccionado no se le
ocurrió llamar al colegio”, señaló.
A pesar de la intensidad del operativo, Freire
insistió en la necesidad de
que estos procedimientos
se conduzcan respetando
el debido proceso: “No se
puede partir de la base
de que hay evasión, se
debe investigar, si el profesional pudo haber tenido algún error, puede ser.
Diario La
En fin, todo está bajo la
lupa, nada hay que darlo por hecho” indicó. En
cuanto al proceso legislativo, Freire detalló que:
“Ahora vamos a solicitar
que se desarchive, y retomaremos el contacto con
el Colegio de Abogados
para relanzar el trabajo
conjunto”.
Si la ley se aprueba,
su alcance incluiría todos los tributos, excepto
los de origen aduanero y
departamental, así como
también quedarán fuera aquellas prestaciones
económicas fijadas por
ley a favor de entidades
públicas no estatales.
Finalmente, la presidenta enfatizó que el
compromiso es respaldar
al profesional y garantizarle al contribuyente
reglas claras.
| Martes 05.08.25 | 3
