El Diario de la Mañana - 5 de Agosto - Flipbook - Página 5
política
Fundación “A Ganar” en el ojo de la tormenta
El senador Eduardo Brenta afirmó que la cifra de los contratos con el Estado en el quinquenio pasado
puede llegar a los “90 millones de dólares”
Por Marcelo
Falca
L
os contratos de
la Fundación A
Ganar con el Estado entre 2020 y
2025 volvieron al tapete
en los últimos días al
trascender el contenido
de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por el senador
del Frente Amplio,
Eduardo Brenta, al Tribunal de Cuentas de la
República (TCR).
El legislador de la
Vertiente Artiguista dijo
al Diario La R que desde el año pasado viene
realizando estas “solicitudes de informes a
todos los organismos
del Estado, gobiernos
departamentales, ministerios, etcétera, Tribunal
de Cuentas respecto a la situación de la
Fundación A Ganar y
los contratos que ésta
tiene con distintos organismos del Estado”.
Agregó que había
estado recibiendo las
respuestas de los distintos organismos pero
la semana pasada llegó
a sus manos el informe del TCR “que tiene
compiladas todas las
compras tanto de los
gobiernos nacionales
como de los gobiernos
departamentales”. En
ese sentido,
sostuvo
que “la cifra a la que
aparentemente todavía
falta agregarle alguna
información
básicamente del Ministerio
de Desarrollo Social
(Mides) del período anterior indica que se habría contratado en el
quinquenio 2020 - 2025
a la Fundación a ganar
por 70 millones de dólares que puede llegar
a ser algo más cercano
quizás a los 90 millones
de dólares”.
Para Brenta, “si se
confirma esta información que falta del
Ministerio de Desarrollo
Social esto estaría dando como resultado que
efectivamente en este
periodo hubo un crecimiento muy grande
de esta Fundación que
está muy estrechamente vinculada al Partido
Nacional, sobre la cual
tenemos un conjunto
de denuncias muy importantes respecto a los
mecanismos de contratación, sobre lo que
se le exige a las personas vinculadas a la
Fundación en términos
de adhesión en las campañas electorales”.
Brenta indicó que el
88% de estos contratos
están hechos con cuatro intendencias y afirmó que no conoce que
exista algún mecanismo
transparente de ingreso.
En otros casos particulares como el Ministerio
de Transporte y Obras
Públicas, la Fundación
A Ganar contrató profesionales con lo cual
“esto no entra en mar-
co de ninguna política
pública de atención a
la situación de personas vulnerables o personas con problemas
de inserción laboral”.
“Claramente allí estamos frente a la contratación de personal,
como podría realizarlo
una empresa privada
proveedora de recursos
humanos”, afirmó.
Brenta consideró que
esta situación “es grave
porque de confirmarse
estos datos que estoy
mencionando, estaríamos ante una situación
donde deberían intervenir la Dirección General
Impositiva y el Banco
de Previsión Social a los
efectos de constatar los
aportes correspondientes tanto a la DGI como
los aportes jubilatorios
al BPS”.
“Está la sospecha de
que este efectivamente no estamos ante una
Fundación que solo
atiende la situación de
población vulnerable o
de personas que han salido de la cárcel sino
que en algunos casos
simplemente
provee
personal, como lo hacen muchas empresas
privadas, pero utilizando estas negociaciones
que a nuestro entender,
por lo menos, veremos
que dicen los organismos especializados no
corresponden.
Indicó que en algunos departamentos, “los
ciudadanos hablan de
dos intendendias, la intendencia que hace las
tareas del llamado ABC,
alumbrado, el barrido,
y carpintería y por otro
lado todo el resto de actividades que se hacen
vía esta Fundación”.
“Lo que estamos
planteando, lo hemos
dicho públicamente, es
que en este contexto y
hasta que no se aclare
esta situación deberían
postergarse los llamados”.
Sobre la vinculación
de la Fundación con
el Partido Nacional,
Brenta aseguró que
“hay contratados por la
Fundación que han sido
obligados a participar
en los actos del Partido
Nacional, a sacarse la
foto con el candidato
del Partido Nacional, a
subir a sus redes sociales propaganda del
Partido Nacional”.
Diario La
“Esto nos parece que
es un elemento grave
en la medida en que,
como tú comprenderás,
la gente te lo dice, pero
luego públicamente no
lo puede sostener porque está en riesgo su
fuente laboral que en
muchos casos es la única opción laboral que
tienen”, agregó.
Brenta confirmó que
la Fundación está dirigida por Alejandro
Rico, que fue director
del Instituto Nacional
de la Juventud en el gobierno de Jorge Batlle,
y la subdirectora es
Verónica Martínez, hermana del exsecretario
privado del expresidente Luis Lacalle Pou. La
fundadora sería María
Magdalena Secco, esposa del exministro
de Economía en el gobierno de Luis Alberto
Lacalle Herrera.
Aclaró que su posición no es “vetar a nadie” pero indicó que “no
nos parece adecuado
que una política de estas características tenga
una fuerte connotación
político-partidaria como
claramente la tiene eésta. Claro”.
| Martes 05.08.25 | 5
